• La institución pretende evitar así situaciones como la de la Vega Baja en el anterior Plan de Ordenación Municipal, «errático» conjunto de «distintas declaraciones mal planteadas y sin conexión»

Toledo, 15 de mayo de 2016. La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo solicitará a la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «una revisión y actualización de los lugares y bienes protegidos» en el término municipal «para ser tenidos en cuenta en el nuevo Plan de Ordenación Municipal llamado a ordenar la ciudad y su entorno en las próximas décadas».

El objetivo de la Real Academia -que en moción aprobada esta semana también ha pedido que el Ayuntamiento de Toledo «colabore con la realización de este trabajo y lo tenga en consideración de forma previa a la adopción de las medidas de protección cultural previstas en el nuevo POM»- es unificar criterios de declaración y que «se actualicen ámbitos de aplicación, se eviten duplicidades y se señalen aquellos paisajes culturales que deban ser objeto de protección en el futuro más inmediato».

La institución pretende con esta moción evitar situaciones como la que se producía con el anterior POM en la Vega Baja, «en donde la existencia de distintas declaraciones mal planteadas y sin conexión permitió plantear una operación urbanística tan errática». Para contribuir a la ordenación y actualización de este complejo panorama, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo ha ofrecido su «absoluta colaboración» y puesto su contenido en conocimiento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Fundación de Toledo «por formar parte de las instituciones culturales designadas para participar en la elaboración del POM».

El origen de las declaraciones, inventarios y cartas arqueológicas en el término municipal de Toledo, recoge la moción, se remonta a mediados del siglo XIX. «En las primeras disposiciones destinadas a otorgar a determinados inmuebles el título de Monumento Nacional primó el sentido de la oportunidad al pretender salvar de la demolición a inmuebles privados, incluidos algunos de los que provenían de la Desamortización de los bienes eclesiásticos y locales». El primero de ellos, el castillo de San Servando (declarado Monumento Nacional en 1874 con el fin de paralizar su demolición), es un buen ejemplo.

Pocos años después, en torno al cambio de siglo, «la declaración de nuevos inmuebles cambió de criterio y sus efectos pasaron a aplicarse a los grandes edificios públicos, con el fin de servir de orientación a la hora de priorizar el destino de los escasos fondos destinados a la rehabilitación». Desde entonces ha habido numerosos cambios legales, administrativos y conceptuales, que han hecho posible la existencia de declaraciones muy diferentes, que incluyen figuras tan complejas como es el ‘conjunto histórico’ -u otras, más genéricas aún-, de difícil materialización.

«La lógica consecuencia de esta situación es la existencia de un amplio número de bienes culturales declarados o incluidos en los inventarios y cartas arqueológicas del término municipal de Toledo, a partir de criterios muy diferentes, que en muchos casos se solapan entre sí y en otros quedan aislados en un entorno sin proteger, por no aplicar la figura de los paisajes culturales».